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En Colombia, el 2023 ha sido el año del secuestro de información por ataques con ransomware. Desde empresas privadas importantes para el sector de la salud hasta entidades de carácter público como la Fiscalía General de la Nación, el Metro de Medellín y Empresas Públicas de Medellín, las víctimas de este tipo de ataque no han dejado de aumentar.
La última semana se presentó un ataque a la cadena de suministro, es decir, a los proveedores del servicio de nube. En este caso el afectado fue IFX Networks, uno de los principales proveedores del Gobierno y las grandes empresas privadas en Colombia. Este ataque, que además se propagó por países como Chile, Argentina y Panamá, es quizás uno de los más grandes que se han perpetrado al día de hoy en toda la región.
A pesar del alcance regional, el Gobierno de Colombia ha resultado especialmente afectado. Durante más de una semana, los sistemas de la rama judicial y sistemas de importancia crítica para la prestación de los servicios de salud en el país han estado funcionando con problemas, evidenciando que el proceso de restauración de los mismos no ha funcionado a la altura del reto.
Ante la gravedad de este ataque, hay que destacar el hermetismo de IFX. Esta empresa ha respondido entregando poca información a los medios y su cooperación con el Gobierno también puede considerarse deficiente, dada la evidenciada lentitud en la restauración del funcionamiento de los sistemas de la nación dependientes de sus servicios. Más allá de todos los riesgos implicados en que la información de los Colombianos se filtre a Internet por el no pago del secuestro, este ataque evidencia una serie de problemas estructurales en la manera como las entidades gubernamentales e incluso la empresa privada enfrentan las amenazas de ciberseguridad que se ciernen hoy sobre la red:
En general, lo que vemos en casos como el de la propagación de ransomware en la cadena de suministro son un conjunto de malas prácticas y responsabilidades entre proveedor y cliente que no se cumplen a cabalidad. La responsabilidad de la infección cae en un área gris, ya que estos malware se pueden propagar por un simple correo que alguien abrió, ejecutando algo que le enviaron por medio de una campaña de phishing; o por la explotación de una vulnerabilidad en un sistema al que no se le ha aplicado el ultimo parche de seguridad, ya sea sobre un software a nivel de usuario o de una plataforma que tiene acceso directo a los hipervisores del proveedor, como es el caso de IFX y MGM en donde los agentes que corren en las maquinas virtuales permitieron la propagación del malware por medio de la explotación de una vulnerabilidad conocida que no había sido parchada.
Una de las soluciones a varios de los problemas mencionados desde el punto de vista técnico es fomentar la idea de que en el mundo empresarial y estatal el software 100% libre tiene un rol muy importante para la mitigación de riesgos de seguridad. Por un lado, el dinero ahorrado en licencias podría invertirse en personal mejor capacitado, por otro lado, la capacidad que ofrece el software libre de conocer el código hace que sea mas fácil de auditar su implementación, además de que los ciclos de implementación de parches y mejoras de seguridad son mucho más rápidos que en plataformas de uso privativo.
Si bien el software libre trae muchos retos desde el punto de vista de la usabilidad y el aprendizaje para las personas que deben implementarlo, al final de la curva de aprendizaje las ventajas superan el costo de dificultad, dada la posibilidad de personalizar y adaptar el software a la medida de las empresas y su plataforma.
Con esto no quiero decir que sea la solución única a problemas como el ransomware, ya que la solución a este problema tiene un componente humano muy fuerte que implica el entrenamiento de nuestros colaboradores en temas de seguridad, para que nuestros sistemas sigan buenas practicas. No obstante, lo cierto es que el nivel de seguridad de los sistemas de empresas y gobiernos se pueden mejorar bastante usando tecnologías libres, no solo porque se pueden amoldar a las necesidades específicas, sino porque tal amoldabilidad se deriva de un factor fundamental: la posibilidad de poseer el control completo del sistema y su funcionalidad, algo que en el caso de los estados juega un papel directo en el mantenimiento de su seguridad nacional y soberanía.